Cámara aprobó proyecto presentado por Diputado Benjamín Moreno, que pide al Gobierno eximir de IVA a los comités de Agua Potable Rural
El parlamentario por el Maule, junto a sus pares de la Bancada del Campo, propusieron la exención definitiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para comités y cooperativas de Agua Potable Rural (APR), y buscan que se agilice la conformación de una mesa de trabajo para dar certezas a las familias de campo.
La Cámara de diputados aprobó la Resolución 586 que solicita al Presidente de la República el envío, a la brevedad posible, de un proyecto de ley para eximir permanentemente del pago del Impuesto al Valor Agregado a comités y cooperativas de Agua Potable Rural.
Durante el mes de diciembre, la Bancada del Campo envió una carta al Gobierno para exponer la situación, tras lo cual el ministro de Hacienda anunció la pronta conformación de una mesa de trabajo para resolver esta problemática, acción que fue valorada por los miembros de la Bancada.
El Diputado por el Maule, Benjamín Moreno, aseguró que, “es increíble que a los Comités de Agua Potable se les vaya a cobrar IVA, siendo que muchas veces son personas que ponen parte de sus recursos propios y de su tiempo para poder brindar un servicio básico a su comunidad”.
Asimismo, el Parlamentario agregó que, “como Bancada del Campo, le pedimos al Gobierno que ingrese con rapidez y que le ponga urgencia al proyecto que exime del pago de IVA a los Comités de Agua Potable, para que, además, no les encarezca un servicio tan básico a los chilenos, sobre todo a los de zonas rurales, donde muchas veces es un problema el agua potable y que si le empezamos a poner trabas, no vamos a ayudar a que lleguemos con más agua potable y con más servicios básicos a los distintos sectores rurales de nuestro país”.
La actual Ley 21.420, que comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2023, obliga a las APRs a pagar este impuesto. Aunque, existe una resolución dictada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), que establece el congelamiento de este pago hasta noviembre de este año, tiempo en el cual se busca resolver la situación, mediante una iniciativa legislativa.
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