Veloso reafirma defensa de los recursos municipales tras detenciones por el caso Facturas en el Maule La diputada fiscalizó el procedimiento de un pago judicial en Colbún. Contraloría constató tres facturas por $114.835.000 sin órdenes de compra ni prestaciones recibidas

La diputada Consuelo Veloso Ávila reafirmó su compromiso de fiscalizar y proteger los recursos destinados a la comunidad tras las detenciones informadas este 5 de octubre por Fiscalía y la PDI en la operación Castillo de Naipes. La investigación penal, iniciada en 2024, involucra a funcionarios públicos y particulares vinculados al Gobierno Regional del Maule y a las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier

La parlamentaria sostuvo que el esclarecimiento de los hechos debe alcanzar a todas las personas que hayan participado y situó la defensa de los fondos públicos en el centro de su postura: "nunca más un peso de la gente del Maule al bolsillo de un corrupto."

En Colbún, Veloso solicitó a Contraloría revisar la legalidad del procedimiento utilizado para aprobar y ejecutar un pago judicial, mediante el oficio tramitado el 13 de enero de 2026. El organismo consideró esa presentación en su examen de cuentas y remitió su respuesta el 28 de septiembre. El Informe Final N° 231/2026 constató que las facturas 802, 809 y 810 de Constructora Pereira e Hijos Limitada, por $114.835.000, no contaban con órdenes de compra asociadas y que el municipio no había recibido las prestaciones indicadas.

Respecto de ese monto, el informe estableció que el desembolso correspondió a una consignación judicial ordenada por el Segundo Juzgado de Letras de Linares y registró que los fondos quedaron sujetos a retención cautelar. Contraloría anunció un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Veloso valoró el trabajo de la PDI y expresó que continuará fiscalizando. Frente al avance penal, planteó que el proceso debe aclarar las circunstancias y determinar las responsabilidades que correspondan, incluidas las de quienes ya no desempeñen funciones en los municipios involucrados.